El Recurso de Apelación en la Constitución


El recurso de apelación o doble grado de jurisdicción es una garantía judicial que permite corregir los errores contenidos en las decisiones tomadas por los juzgados de primera instancia ante una jurisdicción de mayor jerarquía, normalmente integrada por un mayor número de jueces y con más experiencia, ya que dichas decisiones son fruto del acto humano, y que por tanto, pueden contener errores y generar distintas interpretaciones, ya sea en la determinación de los hechos o en la aplicación del derecho. Es antes que todo una garantía procesal, que permite que la resolución de un conflicto pueda ser revisada por otra instancia o grado, garantizando de ésta manera que exista mayor seguridad jurídica. La revisión judicial permite, además, un control de los tribunales superiores sobre los de inferior jerarquía, estimulando la elaboración de resoluciones suficientemente fundamentadas, a fin de que no sean susceptibles de ser revocadas.

Para Eduardo Couture los recursos son medios de impugnación de los actos procesales. “Realizado el acto, la parte agraviada por él, tiene, dentro de los límites que la ley confiera poderes de impugnación destinados a promover la revisión del acto y su eventual modificación”. “Recurso quiere decir, literalmente, regreso al punto de partida. Es un recorrer, correr de nuevo, el camino ya hecho. Jurídicamente la palabra denota tanto el recorrido que se hace nuevamente mediante otra instancia, como el medio de impugnación por virtud del cual se recorre el proceso”.

El recurso de apelación es una fase de un proceso previamente iniciado y no un proceso especial. Si bien es cierto que el recurso de apelación tiene unos requisitos, procedimiento, efectos e, incluso, pretensiones impugnatorias distintas de la fase inicial del proceso, esta diferencia no es suficiente para calificarlo de proceso especial, ya que el segundo grado de jurisdicción mantiene una conexión muy importante con la fase inicial: por una parte el objeto litigioso es el mismo, porque nuestro derecho no permite que en apelación se modifique o amplíe el objeto del proceso; por otra parte, incluso lo que se pide en este recurso está íntimamente conectado con la resolución recaída anteriormente, ya que el apelante persigue: a) la estimación de sus peticiones si fueron denegadas por la decisión del Juez inferior; b) la desestimación de las del contrario si fueron atendidas en la resolución impugnada; c) o la declaración de nulidad o anulabilidad si en la instancia anterior se ha cometido un error in procedendo.

Para la vigencia de esta garantía, no basta con el reconocimiento formal del derecho de apelación, sino que además se deben eliminar todos aquellos obstáculos que impidan ejercerlo, tales como la exigencia de demasiados requisitos formales o plazos muy breves para su interposición, etc.

El recurso de apelación se justifica en la necesidad de que se produzca un doble juicio sobre elementos del proceso de vital importancia, que la casación no permite revisar. No solo se trata de que lo vean jueces más experimentados y competentes, sino que se revise dos veces la misma cuestión, por personas distintas y a través de un nuevo examen. Con esta revisión se quiere garantizar las mayores probabilidades de acierto, garantizando una mejor Justicia. Así, la apelación surge como una determinada concepción de civilización.

En la actualidad, el recurso de apelación es un derecho fundamental por muchas razones: permite enmendar los agravios y corregir los errores que pueden existir en las resoluciones de los órganos judiciales inferiores; contribuye a un mejor estudio de los casos por parte de los jueces que conocen en un inicio, ante el peligro de que sean descubiertos sus posibles errores por otros jueces; los litigantes tienen la oportunidad de clarificar su controversia, determinando con mayor exactitud los verdaderos puntos de la misma (art. 69.9 de la Contitución).

El ejercicio del derecho de recurrir un fallo ante juez o tribunal superior, como es lógico suponer, implica que toda persona tiene derecho a disponer, en un plazo razonable y por escrito, de los fallos dictados en la determinación de su responsabilidad, debidamente motivados, a efectos de su posible apelación. En caso contrario, no se estaría concediendo la debida revisión de la sentencia, ni acceso oportuno a las razones del fallo, impidiéndose ejercer eficazmente el derecho de defensa. Esto implica asimismo que las resoluciones que se emitan en distintas instancias deben contener, con exactitud y claridad, las razones por las cuales se llega a la conclusión que ellas contienen, la valoración de las pruebas y los fundamentos jurídicos y normativos en que se basan.

Principales Sentencias 2020

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) informó que ya están disponibles para el público en su página web las principales sentencias del año 2020, cuyo documento recopila las decisiones de mayor relevancia emitidas por este tribunal durante esa fecha, para un total de 259 decisiones. El fácil acceso de las jurisprudencias ayuda a unificar los criterios de interpretación, mantener coherencia y uniformidad.

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